La Habana, 16 ene (AIN) Tras entrar en vigor el reglamento aprobado para entregar
subsidios destinados a la construcción y rehabilitación de las casas, desde hoy los
cubanos sin solvencia económica podrán solicitarlos en las direcciones municipales de la
Vivienda.

    Se priorizarán las familias afectadas por catástrofes y los casos sociales
críticos, según acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y las normativas
complementarias del Instituto Nacional de la Vivienda y los ministerios de Comercio
Interior, Finazas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social, publicados en la Gaceta Oficial
hace unos días.

    Tan importante paso está dirigido a contribuir a la solución del déficit
habitacional en el país, apoyando a quienes tienen menos ingresos para emprender la
ejecución, rehabilitación y mantenimiento de sus inmuebles, expresión de la voluntad
del Estado de que nadie quede desamparado.

    De esta manera también se avanza en el cumplimiento del Lineamiento 173,
aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual expresa que se
trabajará por eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el
principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera
general.

    Como señalaron recientemente a la prensa, Raquel Rodríguez y Miguel Limia,
respectivamente jefa y miembro del Grupo de Política Social de la Comisión Permanente de
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, “no es una medida aislada”.

      La misma “forma parte de una estrategia que comenzó con la venta
liberada de los materiales de la construcción, seguida por la puesta en vigor de una
política de créditos bancarios, y poco después continuó con la reducción del precio
en 122 artículos destinados al mejoramiento o edificación de la vivienda”.

      Tras los interesados realizar la solicitud en la Dirección Municipal
de la Vivienda, las instancias territoriales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
  analizarán integralmente la situación socioeconómica de la familia.

  Por ejemplo, tendrán en cuenta si alguno de sus miembros o todos están vinculados
a algún tipo de empleo, los gastos y los ingresos.

      También se valorarán otros elementos importantes como la situación
de salud, envejecimiento, discapacidad y la posibilidad del núcleo de asumir las acciones
constructivas, explicó a la prensa Yusimí Campos, directora de Seguridad Social de ese
organismo.

      La decisión de concederles o no el subsidio corresponde al Consejo de
la Administración Municipal a partir del estudio colegiado de cada caso, y si se requiere
la construcción de un inmueble se otorgará un máximo de 80 mil pesos, y si son acciones
menores de conservación hasta cinco mil pesos, acotó la especialista.